Maricarmen tiene 87 años y llevaba siete décadas viviendo en el mismo piso del distrito de Retiro, en Madrid. Su desahucio ha reabierto la discusión sobre vivienda dentro del Gobierno de coalición.
Según fuentes de Sumar citadas por ABC, su parte del Gobierno ha trasladado por escrito al PSOE una petición concreta: que el próximo Consejo de Ministros apruebe la expropiación del piso, y no solo el real decreto ley de vivienda que ya estaba previsto. El argumento que dan esas fuentes es que el Gobierno no puede permitir que el interés de un «fondo buitre» prevalezca sobre el interés general.
La ministra de Sanidad, Mónica García, pidió públicamente que la medida llegue «sí o sí» al próximo Consejo de Ministros y escribió que el PSOE «no puede seguir dilatándolo más». El ministro de Transportes, Óscar Puente, respondió cargando contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por sus críticas al PSOE, con una frase que ha quedado como resumen del choque: «A mí a izquierdista no me gana ni Colau ni nadie». García le pidió que no confundiera «el adversario».
Lo que hay, por tanto, son dos cosas distintas: un decreto de vivienda pendiente de aprobación y una petición de expropiación de una vivienda concreta. Ninguna de las dos estaba aprobada cuando se publicaron estas piezas.
Por qué importa
Detrás de la discusión no hay solo un caso: hay la pregunta de qué puede hacer un Gobierno con el precio y la propiedad de la vivienda, y con qué instrumentos. En España esa decisión se reparte entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, y eso explica por qué un desahucio en Madrid acaba discutiéndose en el Consejo de Ministros. Si quieres el mapa de quién decide qué en este país, empieza por España.