El miércoles, agentes de la Policía Nacional entraron con una radial en un piso del barrio madrileño del Retiro: la puerta estaba bloqueada por enseres. Dentro vivía Maricarmen, una mujer de 87 años que, según las piezas publicadas, había residido allí casi toda su vida. La vivienda es propiedad de un fondo de inversión. Uno de los policías le dijo, según recoge 20minutos: “Te apoyamos y estamos contigo, pero tenemos que hacer nuestro trabajo”.
No hay alternativa de alojamiento clara. Su primo Vicente contó en una entrevista en televisión que la familia más cercana son ellos y que viven en un apartamento de 58 metros cuadrados fuera de Madrid.
El caso ha movido al Gobierno. Según elDiario.es, el impacto del desalojo ha reactivado las negociaciones para aprobar un decreto de medidas sobre el acceso a la vivienda, con la idea de aprobarlo el próximo martes. Sumar considera que ese paquete no basta y ha remitido un escrito a la parte socialista del Ejecutivo pidiendo que el Consejo de Ministros del martes aborde el decreto y también la expropiación del piso. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales sostienen que expropiarlo sería un “mensaje para el resto de actores económicos”.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado como “responsables” a PP, Vox y Junts por haber tumbado el decreto de vivienda en el Congreso. DW recuerda que el episodio llega en un país con los precios de la vivienda disparados.
Por qué importa
Un desahucio concreto se ha convertido en el argumento de una discusión sobre normas: qué decreto se aprueba, con qué votos y qué puede hacer un Gobierno con un piso que pertenece a un fondo. Es la clase de asunto donde conviene saber quién decide qué y con qué margen. Si quieres el mapa de cómo está organizado el país del que hablamos, y qué cuenta esta sección sobre él, empieza por España.