La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Leire Díez un nuevo informe con las declaraciones en sede policial de hasta cuatro testigos. Lo que investigan son las maniobras que esa trama pudo hacer para entorpecer la causa abierta en Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Entre esos testimonios está el de Cintia Rocho, conocida como La Celsa, que pertenece a un clan vinculado al narcotráfico en Badajoz. Según el informe, contó que en una conversación telefónica el exjuez Sáenz de Tejada le dijo que había que «eliminar» a Beatriz Biedma, la magistrada que instruía el caso. Ella lo entendió, siempre según su declaración, como hacerle un daño físico.
Aquí es donde las lecturas se separan. ABC y El Mundo titulan que la UCO confirma los contactos y el encargo a los narcos de Badajoz, y recogen mensajes como «había que eliminarla» o que la jueza era un estorbo del que convenía deshacerse. elDiario.es, que también ha visto el informe, lo lee al revés: dice que la UCO acota el supuesto plan al relato de esa única llamada entre el clan y el exjuez.
ABC añade que el informe se conoce un día antes de que Biedma declare como perjudicada ante el juez Santiago Pedraz, y que la UCO da credibilidad al testimonio de Cintia Rocho. elDiario.es recuerda, por su parte, que el juez había dejado fuera la hipótesis de la propia magistrada sobre un hostigamiento del clan.
Por qué importa
Un informe policial no es una sentencia, y la diferencia entre «la UCO confirma» y «la UCO acota» no es un matiz de redacción: es quién decide qué queda probado y cuándo. Mientras el caso siga en instrucción, lo honesto es decir qué testimonio dice qué y quién lo sostiene, sin adjudicar. Es el mismo ejercicio que hacemos en España con los asuntos donde cada parte cuenta lo mismo de otra manera.