La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una providencia, notificada este viernes, sobre el alcance de la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos.
Los jueces precisan que la suspensión no se limita al censo exterior. La providencia traslada a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que deben garantizar que «ninguna de las 163.355 personas» incluidas en el anexo de la orden de octubre de 2022 citada en la resolución pueda figurar como electora en el censo electoral, según recogen ABC y El Mundo. Da igual, por tanto, que estén empadronadas en un municipio español.
Hay una excepción. Sí podrán votar las 901 personas que han presentado la certificación consular que las acredita como descendientes de exiliados del franquismo, en los términos de la ley de memoria democrática, siempre que la aporten antes del día de los comicios.
Las medidas cautelares se dictaron el 10 de septiembre. El traslado a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral se hace a petición de Vox, según elDiario.es, y llega después de que la Sala examinara los informes de la Abogacía del Estado y de la Oficina del Censo Electoral.
Por qué importa
El 29 de noviembre se celebran unas elecciones generales y 163.355 personas que tienen la nacionalidad española no van a poder votar en ellas. No es una sentencia: es una medida cautelar, es decir, una suspensión provisional mientras el Supremo resuelve el fondo del recurso, y lo que ha hecho ahora es precisar hasta dónde llega. La diferencia práctica es grande para los afectados que se mudaron a España y que hasta este viernes podían pensar que, al estar empadronados aquí, votaban en su colegio como cualquier vecino. El Congreso que se elige ese domingo sale, pues, de un censo recortado por una decisión judicial todavía provisional.