El 10 de septiembre de 2026, la Sala Tercera del Tribunal Supremo paralizó las altas en el censo de los españoles que viven fuera mientras se aclaraba si se habían tramitado correctamente. Ese censo se llama CERA, Censo Electoral de Residentes Ausentes, y es el que recoge a quienes votan desde el extranjero.
Las altas en cuestión son las de la llamada ‘ley de nietos’, la norma que permitió a descendientes de exiliados adquirir la nacionalidad española. La Vanguardia resume el problema en una frase: la Justicia tiene que decidir si esas personas pueden votar o no el 29 de noviembre.
El adelanto electoral ha cambiado el calendario. Según ABC, con unas elecciones previstas para el primer semestre de 2027 ya era difícil revisar a tiempo esas inscripciones; con la fecha del 29 de noviembre, el examen de los inscritos resulta imposible. El censo del que hay que partir en estos comicios es el cerrado a 1 de agosto de 2026, con 2.747.688 personas inscritas en el CERA.
De ahí la encrucijada que describe el mismo diario. Si los magistrados dejan votar a todos los inscritos a esa fecha, estarían pasando por alto el «peligro real, fundado y serio» para las elecciones que ellos mismos señalaron en el auto de suspensión. Si no lo hacen, dejan sin voto a personas que acreditaron su vínculo con España.
Por qué importa
Quién entra en un censo electoral no es un trámite: es la decisión de a quién se considera parte de la comunidad política de un país. En este caso afecta a descendientes de gente que se marchó y a sus familias, repartidas por varios continentes. Si quieres entender cómo España se relaciona con su población de fuera y con la de dentro, la página de España ordena esa otra mitad del país que solo se conoce a trozos.