El Boletín Oficial del Estado publicó el 6 de octubre de 2026 dos reales decretos-leyes sobre vivienda. El primero, el 28/2026, se titula de medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, y ocupa diez páginas. El segundo, el 29/2026, habla de la función social de la vivienda y de ampliar la oferta de vivienda asequible, y es mucho más largo: noventa y nueve páginas.
Según elDiario.es, el reparto entre los dos textos importa. Uno contiene el grueso de las medidas, como la protección frente a desahucios y la regulación de los alquileres de temporada. El otro, el de las renovaciones automáticas de los alquileres, no entrará en vigor mientras no se convalide.
El País resume parte del contenido: la norma obliga a las administraciones a asumir la deuda de inquilinos vulnerables para frenar desahucios, añade prórrogas obligatorias del alquiler y refuerza la transparencia de los anuncios. elDiario.es añade que el Gobierno amplía hasta 2030 el veto a los llamados fondos buitre.
El Gobierno justifica la urgencia en la exposición de motivos: dice que la situación “obliga a una actuación urgente” en un “mercado imperfecto” que no se regula solo, y que con “mayorías parlamentarias complejas” no puede “ignorar la reivindicación de la mayoría social”. Euronews sitúa el anuncio de 21 medidas de Pedro Sánchez después de protestas en toda España, desencadenadas por el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid.
Por qué importa
Casi todas las discusiones sobre vivienda acaban siendo discusiones sobre qué se mide y quién lo mide, y esta no va a ser distinta: el efecto de estos decretos se sabrá por datos de desahucios y de precios que aún no existen. Mientras llegan, lo que sí se puede leer hoy es el texto. Si quieres situar cómo funciona esto en el conjunto del país, está nuestra página sobre España.