El Consejo de Ministros aprueba este martes 17 de noviembre un decreto-ley con varias medidas laborales impulsadas por el Ministerio de Trabajo, según adelantan El País y La Vanguardia. Dos cosas destacan en el texto.
La primera son las sanciones. El decreto eleva las multas a las empresas que oculten a sus trabajadores información sobre su contrato o su salario. Es decir: no dar esos datos deja de ser un descuido administrativo barato.
La segunda es la transparencia salarial. La Vanguardia resume el contenido como un decreto ley de transparencia e igualdad que obligará a las empresas a detallar cómo fijan los salarios y cómo deciden los aumentos. No es lo mismo publicar lo que cobra cada uno que explicar el criterio con el que se reparte: lo segundo es lo que exige la norma.
Por ahora eso es lo que han contado los dos medios sobre el contenido. El detalle completo se conocerá cuando el texto se publique.
Por qué importa
Un decreto-ley se aplica desde que aparece en el BOE, así que las nuevas sanciones empiezan a contar sin esperar a ningún debate parlamentario. Pero es una norma a medias: el propio El País recuerda que necesita convalidación, y esta vez no la vota el pleno del Congreso sino la Diputación Permanente, el órgano reducido que se ocupa de estos trámites cuando las Cortes no están reunidas en periodo ordinario. Si esa votación sale en contra, la medida deja de aplicarse. Merece la pena saber cómo funciona exactamente un real decreto-ley, porque de esa votación depende que la obligación de explicar los sueldos siga en pie o se caiga. Mientras tanto, afecta a cualquier empresa con asalariados: la que no documente con qué criterio sube un sueldo pasa a arriesgar una multa mayor que hasta ahora.