El Consejo de Ministros aprobó el martes dos decretos ley de vivienda, y el Congreso los vota este viernes. Según el material disponible, el primero fija límites al desahucio de personas en situación vulnerable. El segundo establece la prórroga automática de los alquileres.
El Gobierno partió el paquete en dos textos precisamente para dar más margen a los grupos: así, quien aceptara una parte no tenía que tragar con la otra. La maniobra funcionó a medias. El PNV anunció que apoyaría el primero y tumbaría el de los alquileres. Coalición Canaria hizo lo mismo: su única diputada, Cristina Valido, votará a favor del primero y en contra del segundo, según decidió la ejecutiva del partido reunida el jueves en Arrecife.
El secretario de Organización Nacional de Coalición Canaria, David Toledo, criticó el procedimiento: “No se puede seguir gobernando a golpe de improvisación”, dijo, y reprochó al Gobierno haber dado 48 horas a los grupos para analizar los textos.
Con el sí canario, el primer decreto llegaba a 172 apoyos frente a 171 noes, según el recuento de La Vanguardia, y la decisión quedaba en manos de Junts. La formación anunció que votará en contra de los dos y pidió al Gobierno que los retire y negocie un texto nuevo. El grupo sostiene que las medidas son insuficientes y que agravarían el problema.
El Ejecutivo se ha negado a retirarlos. Dice haber trabajado meses en ellos y mantiene la votación. Desde el Gobierno sostienen que “ha llegado la hora de que se retraten” PP, Vox y Junts, y plantean la votación como una elección entre la ciudadanía y los especuladores.
Por qué importa
Un decreto ley entra en vigor al publicarse, pero el Congreso tiene que convalidarlo después o decae. Eso convierte cada votación de este tipo en un recuento de uno en uno, donde una sola diputada puede decidir si una medida sobre desahucios sigue aplicándose o no. Es la mecánica que explica buena parte de lo que se decide en España sin que casi nunca se cuente.