La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la Sala Tercera, ha dado cinco días a los ministerios de Presidencia y Exteriores para que entreguen la “relación nominal” de las 163.020 personas que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la llamada ley de nietos y a las que el propio tribunal mantiene el voto suspendido para las elecciones del 29 de noviembre. La lista debe ir también a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. El plazo, según Euronews, termina el 28 de octubre.

Los autos van dirigidos a Félix Bolaños y a José Manuel Albares. El Ministerio de Justicia tiene las competencias sobre la normativa y los expedientes de nacionalidad; Exteriores maneja la red consular que custodia esos expedientes y emite las certificaciones que el Supremo ha pedido. Los magistrados actúan, según ABC, después de la inactividad de Exteriores tras un auto del 12 de octubre que ya ordenaba identificar a los afectados, tanto los nacionalizados por la disposición octava de la ley de memoria democrática como los que lo hicieron por una instrucción de 2022.

El apercibimiento es doble: una multa coercitiva y la posibilidad de deducir testimonio para exigir “la responsabilidad penal que pudiera corresponder”. Esa vía, explica ABC, pasaría a la Sala Segunda, la penal, por la condición de aforados de ambos ministros, y el delito de desobediencia contempla multa e inhabilitación para cargo público.

En paralelo, el Supremo informó de que el Gobierno ha revisado 31.390 expedientes de los 163.020 y que, por ahora, solo 91 acreditan los requisitos para votar el 29-N. La cifra es provisional: los solicitantes aún pueden aportar documentación.

Por qué importa

Lo que está en juego es si 163.020 personas con nacionalidad española aparecen o no en el censo dentro de cinco semanas, y el tribunal ha pasado de ordenar a apercibir: si los ministerios no entregan la lista el 28 de octubre, el asunto puede salir de la vía contencioso-administrativa y entrar en la penal, con dos ministros aforados como posibles investigados por desobediencia. El dato de los 91 expedientes acreditados sobre 31.390 revisados indica además que, con el ritmo actual, la mayoría de los afectados llegaría a la cita sin resolver su situación, en un procedimiento que, según El País, depende de la revisión caso a caso en las oficinas consulares, donde se concentra el 80% de los expedientes de España sin digitalizar.