El Gobierno aprobó este martes dos decretos de vivienda. Según el resumen de France 24, el primero amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios, regula los alquileres de temporada y por habitaciones y limita hasta 2028 la compra especulativa de pisos por parte de los llamados fondos buitre. El segundo, separado, recoge los contratos de alquiler indefinidos.
El detonante fue el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, hace una semana, y las protestas que siguieron en la Puerta del Sol. elDiario.es cuenta que el decreto llevaba meses parado y que miles de inquilinos estaban sin cobertura legal desde que PP, Vox y Junts tumbaron en febrero el llamado escudo social.
Según elDiario.es, el acuerdo entre PSOE y Sumar se cerró a primera hora del martes y el Consejo de Ministros se retrasó una hora. La ministra Isabel Rodríguez explicó el acuerdo sin que las medidas estuvieran acabadas de redactar, y los grupos parlamentarios aún no habían visto el texto completo.
Falta el paso decisivo: la convalidación en el Congreso, prevista para el viernes según elDiario.es. Moncloa confía en Podemos y en Junts, aunque ninguno de los dos ha aclarado su voto. Podemos acusa al Ejecutivo de “hacer trampa”. En El Mundo, la lectura es otra: que Sánchez fuerza a sus socios a retratarse. Ese diario añade que Moncloa reconoce en privado que el problema de la vivienda es “imposible” de resolver “a corto y medio plazo”, y sostiene que los decretos solo atajan los efectos colaterales de la falta de oferta de pisos públicos.
Por qué importa
Un decreto no es una ley aprobada del todo: entra en vigor y después el Congreso decide si lo mantiene o lo tumba, y esa votación es la noticia que viene. Aquí seguimos la economía que se nota en casa, y la vivienda es el caso más claro: lo que cambia no es un indicador, es a quién pueden echar de su piso y en qué condiciones se renueva un contrato. Si quieres ver cómo encaja esto en el resto del país, empieza por España.